Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 7 de mayo 2026.- Lo que hemos visto en las declaraciones oficiales han sido, sin duda, una clase magistral en el noble arte de no responder nada mientras aparentas responderlo todo.
Empecemos por lo más urgente, lo que debió haberse explicado con claridad y no se explicó: el gobierno federal está usando elementos de la Guardia Nacional para proteger a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, a quien Estados Unidos señala de tener vínculos con el crimen organizado y sobre quien pesa una solicitud de detención provisional con fines de extradición. Eso no es un rumor. Eso no es un “linchamiento mediático”. Es una acusación formal de un gobierno extranjero. Y la respuesta de Palacio Nacional es poner escoltas pagadas con dinero de los mexicanos al servicio de un funcionario señalado de narcopolítica. Que quede dicho así, sin eufemismos.
Y cuando se le preguntó a la presidenta al respecto, nos obsequió su respuesta favorita: “la soberanía no se negocia”. Magnífico. Aplausos. Salvo que aquí la soberanía no está en discusión, lo que está en discusión es si un integrante de Morena tiene nexos con el crimen organizado.
Invocar la soberanía nacional para no colaborar con una investigación de narcotráfico no es patriotismo, es una cortina de humo con bandera bordada.
La cereza del pastel fue la aparición de Luisa María Alcalde, flamante Consejera Jurídica, nombrada en plena crisis de Sinaloa, quien nos explicó con toda la seriedad del mundo que el problema en el caso Rocha no son los presuntos nexos con el narco, sino que se violó la confidencialidad y eso provocó un “linchamiento mediático” a los funcionarios acusados. Entendido. El problema no es que haya narcos infiltrados en el gobierno de Morena. El problema es que alguien se enteró. Tomen nota.
Tampoco faltó el ataque a la prensa. Exigieron pruebas “fidedignas” y no “los documentales de Loret de Mola”. El periodismo de investigación incomoda, lo entendemos. Pero descalificar al mensajero en lugar de responder al mensaje es una táctica que este gobierno ha perfeccionado hasta hacerla reflejo. Cuando no hay respuesta, se ataca la fuente. Cuando la fuente es incuestionable, se invoca la soberanía.
Estás y muchas más declaraciones han sido el retrato fiel de cómo este gobierno gestiona sus crisis: con retórica de soberanía, con cambios de gabinete estratégicos que funcionan como escudos jurídicos, con anuncios de gasto social para desviar la atención, y con ataques sistemáticos a quien se atreve a hacer preguntas incómodas. El caso Rocha Moya no es un episodio aislado. Es la expresión más visible de algo que la oposición ha venido señalando: que en Morena, la narcopolítica no es una acusación fabricada. Es un problema real que el gobierno prefiere administrar antes que enfrentar y la pregunta es ¿Por qué? Porque hay pacto con el narco.
Desde el PRI, respaldando la postura firme de nuestro presidente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, lo decimos sin rodeos: México merece un gobierno que rinda cuentas, que no proteja a los señalados, que no use la soberanía como pretexto y que no confunda atacar a la prensa con gobernar bien. Eso no es lo que vimos ayer. Y la ciudadanía lo sabe.
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