La próxima elección de la rectoría de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca no solo es un proceso interno sino que se ha convertido en un reflejo preocupante de cómo el poder político intenta extender su influencia más allá de sus propios límites.
Cuando un perfil que hasta hace unas semanas formaba parte del gabinete estatal aparece como aspirante a dirigir nuestra máxima casa de estudios, la duda no es gratuita, no se trata de descalificar trayectorias ni de negar capacidades, se trata de entender que la cercanía con el poder, en contextos como este, no es un detalle menor: es una señal.
Porque la universidad no puede ni debe convertirse en una extensión del gobierno. La autonomía universitaria no es un privilegio decorativo, es una conquista histórica que ha permitido que las universidades sean espacios de pensamiento libre, de crítica y de construcción social. Cuando esa autonomía se ve amenazada, lo que está en riesgo no es solo una elección, es el sentido mismo de la educación pública.
Hoy, la comunidad universitaria —estudiantes, docentes, trabajadores— se enfrenta a una decisión que va más allá de nombres, ya que está en juego la independencia de su institución, está en juego la posibilidad de seguir siendo un espacio donde las ideas no se alinean por conveniencia política, sino por convicción académica. Y sin embargo, el contexto preocupa, porque cuando el poder entra por la puerta de la universidad, rara vez lo hace para salir pronto: llega para influir, para condicionar y, en el peor de los casos, para controlar; y eso no solo debilita a la institución, también manda el peligroso mensaje de que la autonomía puede ser negociable… ¡Y NO DEBERÍA DE SERLO!
Oaxaca necesita universidades fuertes, críticas y libres, le son indispensables espacios donde las nuevas generaciones aprendan a cuestionar, no a obedecer, donde la formación profesional no esté subordinada a intereses políticos, sino orientada al desarrollo del estado y del país.
Defender la autonomía no es un capricho ideológico, es responsabilidad colectiva, por eso, hoy más que nunca la comunidad universitaria tiene en sus manos la posibilidad de marcar un límite claro, de decir que la universidad no es botín político, que su rumbo no se decide desde fuera y que su futuro no puede estar condicionado por quienes ven en ella una plataforma de poder.
Porque si permitimos que la línea entre gobierno y universidad se borre, entonces la pregunta dejará de ser retórica y se convertirá en una realidad incómoda:
¿cuál autonomía?
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